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Desigualdad: ¿Cómo vamos?

El auge económico que experimentó el país hasta el 2013 creó condiciones favorables para reducir la desigualdad.

Ello generó oportunidades para que millones de personas mejoren sus condiciones de vida y para la reducción de algunas dimensiones de la desigualdad en el Perú.

Sin embargo, los logros en la reducción de la desigualdad han sido limitados, pese al considerable crecimiento económico. Por ejemplo, aunque el Perú fue el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento económico per cápita entre el 2000 y el 2014, apenas ocupó el puesto 16 por mejora en el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que mide los avances en esperanza de vida, escolaridad e ingreso familiar.

Los retos de la desigualdad siguen siendo inmensos en el Perú, y siguen afectando el nivel de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
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Justicia Fiscal para enfrentar la Desigualdad

¡Basta de privilegios a las grandes empresas!

¿Cúal es el objetivo de este campaña?

Sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos negativos en la economía y sociedad peruana de las altas tasas de evasión y elusión tributaria,  de las exoneraciones tributarias a grandes empresas y del impacto fiscal de las devoluciones crecientes de IGV al sector minero, manufactura y comercio, en los últimos años. También, reflexionar sobre la necesidad de que el Estado tome medidas de política para combatir la evasión y elusión tributaria y revise las exoneraciones tributarias que permitan recuperar ingresos avanzando hacia una mayor justicia fiscal.

En los últimos años el Perú enfrenta un problema creciente que resulta de la combinación de ingresos fiscales a la baja y necesidades de gasto crecientes. Con la presión tributaria registrada el año 2017, de 13,9%, es imposible atender las necesidades de gasto sin recurrir al endeudamiento interno y externo.

Desde el Congreso en lugar de contribuir mediante la aprobación de políticas que permitan disminuir los privilegios fiscales y reducir la evasión y elusión tributaria, se aprobaron normas que van en el sentido contrario, es decir, de seguir sumando exoneraciones y beneficios tributarios.

La disolución del Congreso en setiembre del 2019 generó una situación complicada, en donde el análisis y debate del paquete de beneficios tributarios quedó en el aire. Ante la urgencia de decidir sobre su continuidad, el Gobierno optó por extender nuevamente su vigencia mediante Decretos de Urgencia.

Sin embargo, esta solución provisional no es sustitución a un proceso apropiado de revisión y evaluación de los beneficios tributarios. El nuevo Congreso; que a partir de febrero del 2020 deberá completar el periodo legislativo 2016-2020; tiene como una prioridad la revisión y ratificación de los decretos de urgencia; en especial de los referidos a materias tributarias. Asimismo, será labor del legislativo complementario decidir sobre la extensión de la Ley de Promoción al Agro, la cual quedo pendiente de promulgación.¿Qué hacer? Presión ciudadana.

¡Las y los invitamos a sumarse a esta iniciativa!