Ley de Empleo Juvenil: Día clave (para su archivo)
Hoy martes 13 de junio, en la vigésimo tercera sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, se tiene previsto discutir el dictamen del Proyecto de Ley N° 1104-2016-PE, sobre Empleo Juvenil, promovido por el Ejecutivo y en particular, por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro.
Como detallamos en un editorial anterior, este proyecto (que apunta a subsidiar el pago de la seguridad social a las empresas, con el objeto de promover el empleo juvenil formal), en realidad lo que busca es aligerar las responsabilidades sociales de las grandes y medianas empresas, que serán las que esperan con mayor expectativa la aprobación de esta norma que les permitirá ahorrar el pago del 9% de la remuneración a EsSalud.
Pero no será esta una sesión normal. En principio, porque tendrá como telón de fondo la protesta de sectores juveniles que vienen convocando a un plantón en la Plaza Bolívar, al considerar este proyecto como una versión remozada de la recordada Ley Pulpin.
Pero además, la sesión de hoy no ha sido convocada por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Hernando Cevallos Flores (Frente Amplio), de viaje en Ginebra para participar en la 106.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT); sino por el vicepresidente de la Comisión, el congresista fujimorista Carlos Domínguez, que además fue quien la convocó con inusitada celeridad.
Lo paradójico es que Fuerza Popular –la bancada que ha frustrado la realización de por lo menos cinco (5) sesiones de la Comisión de Trabajo al evitar el quorum reglamentario–, aparezca ahora diligente y entusiasmada con la posibilidad de aprobar el proyecto de ley de empleo juvenil del Gobierno; una norma inconsistente por contrariar el Convenio N° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea que las aportaciones por concepto de seguridad y protección social deben ser –en el peor de los casos– equitativas para empleadores y trabajadores.
Si llegaran a aprobar el dictamen, el fujimorismo (y sus eventuales socios) abrirían una veta adicional de conflictividad social para el Gobierno, considerando el rechazo que tiene el proyecto en las redes sociales y entre diversos sectores juveniles. Incluso varios colectivos y organizaciones juveniles vienen alentando a movilizarse en contra de lo que se ha denominado Ley Pulpín 2.0.
No debería extrañarnos esta posibilidad: fue el fujimorismo –con la ex congresista Martha Chávez presidiendo la Comisión de Trabajo–, la fuerza política que en noviembre del 2014 aprobó el proyecto de ley de promoción del empleo juvenil presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas durante el Gobierno de Ollanta Humala, y que luego sería derogado por la presión social y juvenil en las calles en enero del 2015.
Esta vez el régimen de empleo juvenil que propone el Ejecutivo no cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación. El Comercio, en un editorial reciente, señala que “(…) especialistas coinciden en que la eliminación de la contribución a EsSalud es un ahorro relativamente menor que será insuficiente para crear nuevos puestos de trabajo formales para jóvenes”.
Pero además reconoce que: “A estas alturas queda claro que muchos de los problemas del mercado laboral no son resultado exclusivo de sobrecostos y rigideces, sino consecuencia también del lento avance de la economía de los últimos tiempos y, por lo tanto, de la insuficiente demanda por trabajadores formales. Con tres años consecutivos de caída de la inversión privada, megaobras públicas paralizadas y crispación política en alta tensión, no hace falta demasiada perspicacia para ver en el escaso dinamismo económico una causa consustancial del desempleo e informalidad, juvenil y adulto”.
En otro informe, también publicado por El Comercio, especialistas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) reconocen el problema del empleo precario en los sectores juveniles como resultado de “la falta de oportunidades y la falta de especialización” de los jóvenes, así como de “la baja calidad de la educación que reciben en todos sus niveles académicos y la poca información que tienen sobre el mercado laboral “, identificándolos como los “factores que obstruyen la contratación formal de los jóvenes”.
Por la forma como se ha llevado a cabo este proceso (sin el necesario diálogo social tripartito), y por las reacciones que ha despertado en amplio sectores juveniles, lo más probable es que la única salida que le quede al Gobiernos –y sus aliados en temas económicos, como es el fujimorismo– sea desistir y mandar al archivo el proyecto.
Esto no debe implicar que la preocupación por promover el empleo adecuado para los jóvenes sea dejada de lado. Por el contrario, no debe ser óbice para el inicio de un debate amplio y plural que recoja las propuestas que sobre la materia se han hecho en los últimos meses. Comenzando por elaborar y discutir un dictamen de ley que recoja las propuestas del proyecto de Ley N° 410–2016, presentado por la Congresista Indira Huilca, del Frente Amplio, y del proyecto N° 1157–2016, del congresista Yhonny Lescano, de Acción Popular; ambas iniciativas buscan garantizar incentivos para la capacitación y formación laboral, en el primer caso; o el acceso y disfrute de condiciones de trabajo por encima del mínimo legal, en el segundo proyecto.
Cinco razones para archivar el proyecto de Ley Pulpin 2.0
- Porque el subsidio no garantiza por sí mismo que las empresas contraten más trabajadores jóvenes. Hace décadas que el Estado –a través de diversas normas y regímenes laborales “especiales”– vienen reduciendo las obligaciones sociales y laborales de los empleadores, sin que estas medidas hayan permitido avanzar de manera sostenible hacia mayores tasas de formalidad laboral y empleo adecuado.
- Porque contraviene el Convenio N° 102 de la OIT, que establece que los empleadores y trabajadores deben aportar de manera equitativa a la seguridad social y sistema de pensiones.
- Porque apunta a favorecer principal y exclusivamente a la mediana y gran empresa, que no requieren este tipo de apoyos; puesto que las micro y pequeñas empresas cuentan con regímenes especiales que “aligeran” significativamente los mal llamados “sobrecostos laborales”.
- Porque este proyecto no incentiva la capacitación y formación laboral, como condición para acceder al subsidio estatal.
- Porque no fue discutido en los espacios de diálogo social tripartito, con participación expresa de los “supuestos” interesados y beneficiarios: los jóvenes.
