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Desigualdad: ¿Cómo vamos?

El auge económico que experimentó el país hasta el 2013 creó condiciones favorables para reducir la desigualdad.

Ello generó oportunidades para que millones de personas mejoren sus condiciones de vida y para la reducción de algunas dimensiones de la desigualdad en el Perú.

Sin embargo, los logros en la reducción de la desigualdad han sido limitados, pese al considerable crecimiento económico. Por ejemplo, aunque el Perú fue el segundo país de Latinoamérica con mayor crecimiento económico per cápita entre el 2000 y el 2014, apenas ocupó el puesto 16 por mejora en el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que mide los avances en esperanza de vida, escolaridad e ingreso familiar.

Los retos de la desigualdad siguen siendo inmensos en el Perú, y siguen afectando el nivel de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
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“Hoy más que nunca es necesaria la movilización”

Por: Actúa.pe
miércoles 17 de octubre del 2018

Actúa.pe conversó con Ana María Vidal, abogada representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, para analizar la llamada “Ley Fujimori” y el escenario de movilización ciudadana frente a la crisis del sistema de justicia en Perú.

¿Cuál es el significado de la Ley de Ejecución humanitaria de la pena, conocida como “Ley Fujimori”?

En forma y fondo esta ley establece un grave precedente. En primer lugar, el Congreso se ha tumbado todos los procedimientos que debe cumplir para promulgar una norma, pues se han saltado el debate en comisiones y lo han hecho con la firma de un portavoz que no era tal [Richard Acuña, APP] y que no estaba presente en el Congreso.  Es grave que se haya dado una norma que no es de carácter general, que es el requisito básico de una ley. Y es que si vamos al fondo, esta ley tiene nombre propio: ha sido propuesta para liberar a Alberto Fujimori. Y no solo a él, pues también se busca la impunidad en otros graves crímenes contra la humanidad.

No solo se está atacando a la dignidad de las víctimas y el derecho a la memoria de todo un país, también se está atacando a la institucionalidad del país porque la ley establece que quien va a otorgar estos beneficios penitenciarios será el INPE [Instituto Nacional Penitenciario], saltándose el hecho de que es el Poder Judicial el que tiene la potestad exclusiva de otorgar beneficios penitenciarios en este tipo de delitos.

Además del Sr. Fujimori y de otros perpetradores en delitos contra los derechos humanos, ¿quiénes más podrían beneficiarse indebidamente con esta ley?

Salvo prueba en contrario, creemos que se ha hecho pensando también en todos los ex presidentes, ex alcaldes, ex alcaldesas que pudieran estar involucrados y podrían ser sentenciados por delitos de grave corrupción. Si próximamente pasan de los 65 años y 70 años y sufren algún tipo de dolencia, podrían aplicar a esta norma de impunidad. Esperamos que el Presidente de la República observe esta norma y que no sea aprobada.

¿Cuál es el impacto de esta ley desde el punto de vista del acceso a justicia en casos de violaciones a derechos humanos?

Esta norma no solo viola nuestro ordenamiento jurídico sino que también viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ya hay una sentencia de la Corte Interamericana [Caso Juan Gelman] que señala expresamente que la Convención Interamericana no solo debe ser acatada en sentencias del Poder Judicial, sino también cuando se dan las leyes. Aunque las leyes sean dadas por absoluta mayoría, estas no pueden vulnerar el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad. Si eso ocurre, estas leyes pueden ser observadas. Más temprano que tarde se va a tener que rendir cuentas al sistema interamericano de derechos humanos. Es un precedente muy grave de impunidad.

Además de las víctimas y familiares de los casos emblemáticos de derechos humanos en el período de Fujimori, ¿qué otros sectores han sido vulnerados en su derecho a la justicia en medio de esta ola de impunidad y corrupción en el sistema de justicia??

Las revelaciones de los audios entre jueces negociando sentencias están muy relacionados a la problemática de la violencia hacia la mujer. Se trata de sentencias sobre violaciones, feminicidios, trata de personas, trata de niñas en los que se negociaba groseramente la impunidad. Está demostrado que esta corrupción generalizada nos afecta directamente a las mujeres y que fueron las mujeres, en reacción a ello, las que se movilizaron en primer lugar para exigir la reforma de la justicia.

¿Cuál es el papel de la ciudadanía en esta crisis?

El indulto a Fujimori ha sido un golpe tan fuerte a toda la institucionalidad del país, que incluso siendo dado un 24 de diciembre (Nochebuena) la gente salió indignada a hacerse oír; salió el 24, el 25, salió el 31 de diciembre. Muchas de las personas que se movilizaron ni siquiera habían nacido cuando Fujimori cometió los delitos por los que está sentenciado. Por eso también se puede ver con esperanza lo que está pasando. A pesar del golpe tan fuerte que dio el fujimorismo con el indulto y con los vínculos que tiene con mafias y economías ilegales, esta crisis ha empezado un despertar ciudadano frente a cosas que pensábamos que nunca iban a cambiar. Han sido pequeñas islas dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público las que han dado un remezón, un terremoto para desnudar lo que está pasando. Estas pequeñas islas oficiales tan valientes como las de José Domingo Pérez con su equipo y con  decisiones como las del juez Carhuancho han remecido todo. Se necesita salir a demostrarle a este equipo de fiscales y jueces que hay una ciudadanía que respalda su trabajo. Hoy más que nunca es necesaria la movilización.

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