En visita reciente al Perú, Victoria Tauli Corpuz, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, se reunió con los apus de las federaciones indígenas de las cuatro cuencas[1]. En este espacio ellos expresaron su preocupación por la negativa del Gobierno para implementar la consulta previa frente al contrato del Lote 192 por un nuevo periodo de explotación petrolera de treinta años. Producto de este encuentro, la relatora se comprometió a enviar un comunicado al Gobierno peruano para que cumpla con este derecho indígena.
Para entender el caso
Han transcurrido más de 5 años desde el anuncio de la primera consulta previa, tras aprobada la ley (2011) y su reglamento (2012) en el Perú. El mismo Gobierno de Ollanta Humala anunció su implementación antes de la suscripción de un nuevo contrato de explotación petrolera por otros 30 años más en el Lote 1-AB, conocido desde ese momento como Lote 192.
Se trata de una zona con 45 años de actividad hidrocarburífera, desde donde se obtiene más del 15% del petróleo nacional. Además, alberga una gran diversidad biológica, así como a las comunidades indígenas Kichwas, Quechuas, Achuar y Urarinas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre en la región amazónica de Loreto.
El anuncio fue tomado muy en serio por las poblaciones indígenas, sus Apus (líderes de cada comunidad nativa) y los dirigentes de sus federaciones. Se trataba de una oportunidad para hacer visibilizar la problemática de la contaminación y lograr la remediación de las zonas contaminadas por la actividad petrolera[2], la atención a la salud, la titulación de sus territorios, entre otros puntos importantes.
Esto conllevó a tres años de diálogo, cuatro declaratorias de emergencias ambientales, una emergencia sanitaria y la creación de dos comisiones multisectoriales con participación de las instituciones del Estado y las organizaciones indígenas para abordar la problemática de la zona. La imperdonable lentitud para asumir los graves problemas ambientales y de salud generados, llevaron a nuevos escenarios de crisis y enfrentamientos con las poblaciones indígenas. Finalmente, se lograron acuerdos, los cuales fueron suscritos el 10 de marzo del 2015 con el Gobierno central[3]. Esto dio paso al proceso de consulta previa anunciado en el 2012.
Sin embargo, la consulta previa se realizó sin cumplir estándares mínimos de diálogo el 2015, terminando de forma sorpresiva y unilateral. El Gobierno dio por concluido el proceso, sin contar con la firma de acuerdos por parte de las federaciones y comunidades, que representan el 80% de la población ubicada en lo que se conoce como el lote 192. Por otro lado, la licitación fue declarada desierta y el Estado peruano realizó una negociación directa con la empresa Pacific Stratus Energy, a quienes se adjudicó el Lote 192 con un contrato de servicios temporal por dos años, hasta agosto 2017[4].
¿Qué pasa con la consulta hoy?
Tras la falta de garantías sobre la realización de un proceso de consulta previa al terminar el contrato de servicios temporal con Pacific, las federaciones indígenas realizaron un petitorio de consulta en base al art. 9 del Reglamento de la Ley de Consulta[5] el 4 de abril de 2017. El Ministerio de Energía y Minas dio respuesta a la petición más de dos meses después, negando la posibilidad de realizar un nuevo proceso de consulta previa en el lote 192, bajo el argumento de que “el proceso de consulta efectuado y culminado (2015) con los acuerdos correspondientes, abarcó tanto la suscripción del contrato de servicio temporal como el del posterior contrato de Licencia o Servicio para la Explotación de Hidrocarburos en el lote 192”.
No obstante, es necesario recordar que la medida administrativa que aprobó el contrato de servicios temporales nunca fue consultada. Además, un nuevo contrato de exploración y explotación de hidrocarburos es un nuevo procedimiento administrativo, por tanto, el Estado no puede hacer valer un solo proceso de consulta previa para dos actos administrativos de distinta naturaleza. Finalmente, estos actos implican afectaciones diferenciadas uno de otro, por la condición temporal de cada contrato, el primero de 2 años y el nuevo de 30. Además, la nueva explotación incluye la posibilidad de realizar nueva exploración en territorios indígenas, lo que no era parte del contrato de servicios temporal e implica una gran amenaza para las comunidades.
El pedido a la relatora
Este escenario vuelve a poner en riesgo los derechos indígenas en el Perú. Frente a ello los apus de las cuatro cuencas solicitaron a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU que, en el ejercicio de su mandato, su llamado al Gobierno peruano considere:
- Suspender el proceso de negociación directa que Perupetro está llevando a cabo hasta que se garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada en el marco de la suscripción de un nuevo contrato de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el lote 192 por 30 años.
- Garantizar que se remedien todos los impactos ambientales presentes en los territorios a través de un Plan de Abandono que abarque todos los sitios impactados en el lote 192, antes de proceder con una nueva licitación.
- Mantener abierto un canal de diálogo de alto nivel con las comunidades y sus federaciones representativas, que asegure el cumplimiento de los acuerdos y actas que el Estado firmó[6].
Lo que queda no es solo esperar el comunicado de la relatora, sino sobre todo una respuesta del Gobierno, acorde a los derechos de los pueblos indígenas, para mantener el diálogo e iniciar una nueva consulta previa, esta vez con seriedad y respeto.
- [1] En la reunión realizada el 10 de junio los apus asistentes fueron Carlos Sandi presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), Aurelio Chino presidente de la Federación de Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Emerson Sandi presidente de la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónico Frontera Perú – Ecuador (OPIKAFPE) y Alfonso López presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT)
- [2] En 1971, la empresa OXY inició operaciones en el lote 1ab, y posteriormente, en el 2001, la concesión pasó a la empresa argentina Pluspetrol, cuya administración culminó el 29 de agosto de 2015.
- [3] Willaqniki N°, Informe de diferencias, controversias y conflictos sociales. Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad – ONDS, de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú – PCM. Lima, abril 2015
- [4] Las actividades petroleras fueron iniciadas en 1971 por la OXI (Occidental Petroleum Corporation) y luego, por la empresa argentina Pluspetrol Norte desde 1999.
- [5] Reglamento de la Ley No 29785,?Ley del Derecho a la Consulta Previa a?los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
- [6] Acta de Lima del 15 de Marzo de 2015, Acta de Teniente Lopez del 24 de setiembre 2015, Acta de José Olaya del 05 de noviembre 2015.
