Las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad alertamos a la opinión pública sobre el inminente peligro que se cierne sobre los derechos territoriales de nuestras comunidades campesinas y nativas con la aprobación del Proyecto de Ley 1718 (Ley que regula la obtención de inmuebles requeridos para la ejecución de obras de infraestructura priorizadas) que el día de mañana pretende concretarse en el pleno del Congreso de la República.
A pesar de amenazar a nuestras más de 10 000 comunidades campesinas y nativas con despojarles de la propiedad y/o posesión de sus territorios ancestrales, y de desconocer la condición de pueblos indígenas de más de 6000 comunidades campesinas, este proyecto cuenta con dictámenes favorables de las Comisiones de Economía y de Descentralización, las cuales han ignorado las múltiples denuncias que hemos efectuado las organizaciones indígenas directamente y a través de la Defensoría del Pueblo contra esta iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo bajo los recurrentes pretextos de “reactivar la economía” y “destrabar el proceso de inversiones”.
Cabe señalar que a través del Oficio 398-2017-DP-AMASPPI, del 3 de noviembre, la Defensoría del Pueblo advirtió a la Comisión de Economía sobre la posible modificación a la situación jurídica de los pueblos indígenas, cuyas tierras han sido tituladas en forma comunal, al contemplar nuevas reglas en lo concerniente al saneamiento físico legal y en materia de expropiación; con lo cual, se corrobora que este proyecto abre la posibilidad de promover nuevos procesos de fraccionamiento y desmembramiento de los territorios comunales, impulsando así su desaparición. Y, asimismo, que este proyecto puede promover la expropiación de los territorios indígenas.
Por todo lo cual, la propia Defensoría, al reconocer que este proyecto puede afectar la situación jurídica o el ejercicio de derechos colectivos de los pueblos indígenas, deja en claro al Congreso de la República que dicha iniciativa legislativa debe ser objeto de consulta previa, conforme a lo previsto en el Convenio 169 de la OIT, La Ley 29785 y su Reglamento; obligación que el Congreso viene incumpliendo desde hace más de 20 años.
Recordemos que este proyecto insiste en la creación de un Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) como una autoridad dependiente de PROINVERSION, con plenos poderes para sanear, titular y entregar a terceros la propiedad de todos aquellos predios que se requieran para la construcción de las obras que el Estado considere prioritarias, avasallando el derecho de propiedad y de posesión que ejercen las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras y territorios, y sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Por todo ello, y advirtiendo que esta iniciativa legislativa puede constituirse como un nuevo foco generador de más conflictos sociales en nuestro país, desde el Pacto de Unidad EXIGIMOS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA que no perpetre este nuevo atentado contra los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas u originarios, y que DISPONGA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTA INCONSTITUCIONAL PROPUESTA LEGISLATIVA, insistiendo ante el Poder Ejecutivo en la promulgación del proyecto de ley que deroga el Decreto Legislativo 1333, decreto que el Gobierno ha pretendido “maquillar” a través del Proyecto de Ley 1718.
Las organizaciones del Pacto de Unidad creemos que la inversión pública y privada es necesaria para el desarrollo de nuestro país; sin embargo, también creemos que deben desenvolverse respetando plenamente nuestros derechos colectivos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, por esta razón, nos mantendremos vigilantes ante cualquier intento que pretenda desconocer o recortar los derechos de nuestros pueblos originarios organizados en comunidades campesinas y nativas.
