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Promesas incumplidas: La agenda pendiente de los derechos laborales

Por actua.pe
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El primero de mayo del 2016, antes de la segunda vuelta, PPK publicó una Declaración de Compromisos que llevaba por encabezado: Por un país con Empleo y Derechos Laborales para Todos. Aunque era conocido que no iba a ser este un gobierno pro-trabajador, lo esperable era que por lo menos respetase los compromisos asumidos públicamente. Pero lo cierto es que están lejos de honrarse, o incluso, algunas de sus medidas lo alejan irremediablemente de estos.

Quizá el compromiso que más le costará –en términos de credibilidad y respaldo– son “los 3 millones de nuevos puestos de trabajo formales con todos sus derechos” que ofreció crear. El casi nulo crecimiento que se avizora para este año y el siguiente, hace prácticamente imposible acercarse remotamente a dicha cifra, por lo menos en el corto plazo. El empleo formal dejó de crecer y en su reemplazo viene aumentando la informalidad y el subempleo.

Algunos de los ofrecimientos electorales (“Garantizar el incremento salarial progresivo de la remuneración mínima vital (…) y del sector público”), fueron obviados olímpicamente. El riesgo de no hacerlo en los próximos meses –como parte de una política contra cíclica de reactivación económica, promoviendo la demanda interna y el gasto público– resultará muy alto, considerando el actual contexto de recesión y los problemas de gobernabilidad. El mensaje de 28 de julio representa una oportunidad para anunciar una medida en ese sentido.

Por lo demás, las recientes tragedias de galería Nicolini y Larcomar son expresión de la profunda inseguridad en que labora un sector importante –por mayoritario– de la población peruana. La gravedad de los hechos, que enluta a centenas de familias peruanas cada año, exige una actitud más clara y voluntariosa por parte del gobierno. Que el Ministro de Trabajo, Alfonso Grados Carraro, ofrezca duplicar el número de inspectores en cinco años –a sabiendas que es insuficiente y que en concreto significa condenar a miles de trabajadores a jugarse la vida cada día–, sin exigir los recursos que se requieren para acortar la brecha existente, no solo es irresponsable sino que denota nulo interés en cambiar el estado actual de cosas.

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