Este 28 de julio, Pedro Pablo Kuczynski cumple su primer año como presidente y nos preguntamos ¿dónde está la tan prometida política sobre el agua? El acceso al agua fue uno de los grandes temas alrededor de los cuales el actual mandatario construyó su imagen política durante muchos años. Sin embargo, hasta el momento no toma la iniciativa para garantizar este derecho básico.
El Gobierno viene impulsando algunos planes y programas interesantes, como Sierra Azul que viene promoviendo proyectos piloto de siembra y cosecha de agua en cabeceras de cuenca, o como el Plan Nacional de Saneamiento que prevé invertir casi 50 mil millones en obras de agua y alcantarillado durante el quinquenio. Sin embargo, parece haber olvidado su principal promesa electoral: una política integral, multisectorial y con visión de largo plazo para garantizar una gestión sostenible de este recurso, incluyendo una reforma de la Autoridad Nacional del Agua y de la Ley de Recursos Hídricos.
En su plan de gobierno, “Peruanos Por el Kambio” afirmaba que “el enfoque estatal sigue siendo fragmentario y sectorial” y que “coexisten conflictos entre los diversos sistemas y autoridades encargadas del agua”, caracterizando la situación como de gran “desorden institucional”. Frente a ello, PPK proponía “cambiar la ANA en un organismo con autonomía funcional, de acuerdo con la opinión mayoritaria de los especialistas”.
En efecto, la gestión del agua en el país depende de una instancia sectorial y débil. La Autoridad Nacional del Agua carece de autonomía, pues está adscrita al Ministerio de Agricultura –uno de los sectores que más agua usa-. Además, carece de los recursos necesarios para gobernar efectivamente un elemento tan complejo como el agua: tiene un presupuesto de apenas US$70 millones anuales (la autoridad de aguas de México, por ejemplo, tiene un presupuesto de US$2,000 millones anuales). Este déficit monetario también se traduce en un déficit de información científica: de las 159 cuencas e intercuencas, 119 no cuenta con información confiable y ellas representan el 95% del volumen de agua disponible; sólo el 47% de nuestras estaciones meteorológicas están operativas pero sólo 142 miden el caudal de los ríos, así que existen cuencas que no tienen estaciones y la ausencia de información obliga a los técnicos de la ANA a realizar cálculos aproximados tomando como referencia otras cuencas.
A inicios de julio, más de 350 representantes de comunidades, organizaciones sociales, colectivos juveniles, investigadores e instituciones de unas 18 regiones del país se dieron cita en el Encuentro Nacional por el Agua – Yaku 2017. Ellos y ellas plantearon como una de sus principales demandas “una verdadera Autoridad Nacional del Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han provocado una gestión caótica y desigual del agua”.
En el Encuentro se recordó que esa gestión “caótica y desigual” es aún más grave en un contexto de cambio climático que acentúa fenómenos extremos como sequías e inundaciones, tal como lo experimentamos con la reciente emergencia hídrica de noviembre y los huaycos y desbordes de marzo. La naturaleza está hablando y nos exige recordar que el agua no sale del caño, que es tiempo de mirar río arriba y tener una gestión integral y sostenible de nuestras cuencas.
Otras demandas expresadas en el Encuentro fueron una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones afectadas por contaminación del agua; la protección de las fuentes de agua y cabeceras de cuenca; que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la normatividad asegure mayor democracia y mayor fiscalización de la ciudadanía; el reconocimiento a los conocimientos ancestrales de gestión colectiva del agua; así como poner fin a la persecución judicial de los defensores y defensoras del agua.
¿Responderá PPK a estas exigencias? Este 28 de julio, el mandatario tiene la oportunidad de recordar sus promesas y proponer una ley que otorgue autonomía y recursos a la Autoridad Nacional del Agua, garantizando un enfoque trans-sectorial y un uso sostenible y justo de este bien elemental para la vida.
