Por: Giuliana Larrea y Majandra Rodríguez de Tierra Activa
El reciente escenario de desastre ha evidenciado la ausencia de una planificación del territorio. Nuestros gobiernos locales no se han apropiado de conceptos como ciudades sostenibles y derecho al hábitat, denotando la ausencia de gobernanza y planificación del consenso.
A la fecha, el 78% de la población vive en zonas urbanas. Sólo en Lima vive el 33% de población. Según el INEI, la población peruana crecerá un 20% al 2030, alcanzando los 36 millones de habitantes. Este escenario nos convoca a ejercer una ciudadanía vigilante para asegurar una adecuada gestión de las ciudades, y asentamientos humanos sostenibles y sin riesgos.
Las políticas de vivienda y equipamiento respectivo se encuentran mercantilizadas, facilitando el acceso sólo a quienes pueden solventarlas. Así, se excluye a la población vulnerable categorizada como pobre, que no puede acceder a viviendas seguras, asequibles y localizadas en zonas habitables. Este contexto, sumado a la agudización de los fenómenos climáticos, así como a nuestra latente vulnerabilidad ante los sismos, da pie a catástrofes que afectan a los sectores más desfavorecidos de la población, empujándolos a la pobreza extrema o muerte.
Nuestro país, tanto en sus ciudades como en sus zonas rurales, es altamente vulnerable a los desastres.
En buena parte, los desastres “naturales” se dan por la falta de reconocimiento de múltiples derechos: el derecho al territorio, el derecho a medios de vida seguros, y el derecho al acceso a servicios públicos de calidad. Asimismo, los desastres se dan por los impactos del cambio climático, generando desplazamientos de la población -migraciones internas- y una ocupación desordenada del territorio.
Los únicos beneficiados de esta situación han sido las empresas constructoras y funcionarios corruptos, quienes promueven proyectos extractivos e inversión en infraestructura sin planificación territorial, de una calidad por debajo de los estándares, y sin haber procurado lograr “concertación” en las poblaciones afectadas. Esto a su vez alimenta el ciclo vicioso de vulnerabilidad, y nos aleja de soluciones integrales. Claros ejemplos son la gestión de actual alcalde Castañeda, las obras de la empresa ODEBRECHT, el Programa de Integración Interoceánica (norte, centro y Sur) y todos sus proyectos de conexión vial, férrea y fluvial (que duplican objetivos de conexión e impactos).
Finalmente, es importante recordar que la corrupción nos hace perder mucho más de S/33.800 millones al año. El año pasado un estudio de la OCDE alertó que el soborno y la malversación encabezan los tipos de delito más comunes en las industrias extractivas. Por otro lado, se estima que el costo del cambio climático sin previsiones podría incurrir entre el 4 y 5 % del PBI (BCR, 2009). Queda claro que tenemos mucho por hacer – y el momento para actuar ¡es ahora!
En este contexto, exigimos al gobierno que:
- Promueva el acceso a la vigilancia y auditorias ciudadanas. Abriendo espacios efectivos de coordinación entre organizaciones de base locales, sociedad civil y entidades de gobierno tanto del nivel nacional, provincial, municipal a través de sus representantes para un adecuado diseño en la planificación del territorio, y una adecuada re-ubicación de los damnificados (previo empadronamiento).
- Re-incorpore en Constitución peruana el derecho humano a una vivienda adecuada, así como con un marco legal propicio para mejorar la habitabilidad del territorio bajo un enfoque de gestión de cuenca, pensando en la calidad de vida de las poblaciones que viven en precariedad, de acuerdo a los estándares internacionales y los compromisos asumidos en el marco de la nueva Agenda Urbana (2016-2036).
- Diseñe el proceso de reconstrucción bajo una planificación integral participativa e inclusiva que considere el vínculo entre lo rural y lo urbano, además de la amplia diversidad cultural, las barreras relacionadas al acceso a vivienda, y la sobre-posición de derechos, dando solución a este tipo de conflictos, promoviendo el acceso a espacios públicos seguros y áreas silvestres ó áreas verdes que sirvan como atenuantes a los altos niveles de contaminación atmosférica así como medidas de mitigación.
- Promueva nuevas formas y capacidades organizacionales para la prevención de riesgos, la respuesta temprana y la mitigación de desastres, como adaptación al cambio climático.
- Destrabe normas y competencias que han conferido un acaparamiento de la información catastral a COFOPRI y que están entorpeciendo la planificación tanto en el ámbito urbano como rural.
- Atienda el riesgo inminente de contaminación por dispersión de pasivos ambientales mineros y de hidrocarburos en las cabeceras de cuencas, para garantizar agua segura y nuestra seguridad alimentaria. De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua, 129 de las 159 cuencas hidrográficas están contaminadas con coliformes o metales pesados. Según la Defensoría del Pueblo, de los 8,616 Pasivos Ambientales Mineros inventariados al 2015, 4,353 son considerados de alto riesgo. Cabe indicar que para el caso del Río Rímac, se estiman US$ 1,006 millones para su descontaminación al 2016, y el dinero nuevamente saldrá de nuestros bolsillos, y no del de los infractores.
- Considerando la ley y el nuevo reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, en relación con la generación de suelo urbano y para el diseño arquitectónico de ciudades, es indispensable que INDECI indique a Vivienda y a los Municipios cuales son zonas seguras para la expansión urbana, promoviendo el acceso a la vivienda social adecuada, recogiendo experiencias validadas sobre densificación habitacional y renovación urbana con adecuada asistencia técnica.
- Desarrollar un protocolo para conceptos arquitectónicos basados en una identidad local, con criterios bioclimáticos para el diseño de ciudades. Esto involucra al Ministerio del Ambiente, Cultura, CONCYTEC, Vivienda, representaciones locales Indígenas o comunitarias.
- Favorecer oportunidades laborales con equidad de género a familias damnificadas como medida de compensación por las omisiones del Estado.
- Vetar al fracking, promover el uso de energías limpias de fácil acceso a poblaciones dispersas y abandonar los proyectos de hidrocarburos y extracción de gas lutita, shale gas y técnicas de fractura hidráulica. Estos incrementan las emisiones y amplifican la vulnerabilidad, considerando la cantidad de pasivos ambientales y sociales conocidos y potenciales (21% del territorio concesionado a derechos mineros y 80% de la Amazonía concesionada a derechos en hidrocarburos/gas). Ejemplo de desastres debido a pasivos expuestos a eventos climáticos extremos tenemos: Tamboraque (Lima) y Uarinas (Loreto).
Desde Tierra Activa, invocamos a continuar trabajando en la incidencia política en aras a lograr la Justicia Climática, y soluciones reales para enfrentar al cambio climático, así como a incrementar nuestra resiliencia, incidir a favor del respeto de las políticas interculturales, los derechos a un ambiente sano, a una ciudad saludable y segura, y a los derechos humanos.
Saludamos todas las iniciativas hacia la autogestión promovidas desde la solidaridad de nuestras comunidades. Sigamos hacia adelante, buscando y truequeando soluciones desde los saberes locales, con la finalidad de enfrentar las múltiples crisis que enfrentamos como humanidad. Promovamos el tejido social y la reciprocidad, y hagamos juntos y juntas incidencia en atención a las legítimas necesidades de las actuales y futuras generaciones.
