Mientras el ministerio de energía y minas no quería adelantar respuesta y la agencia Perupetro no era transparente, en medios se anunciaba la calificación del consorcio entre Petroperú y Frontera Energy para el lote.
PUINAMUDT, 23/8/2017.- 25 apus y madres indígenas de comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón se reunieron esta semana en Lima con el Gobierno para evaluar los avances de compromisos asumidos por el Estado desde 2015, sobre remediación ambiental, salud, educación, entre otros. La Consulta Previa del Lote 192, fue el punto que quebró el diálogo.
Según señalaron los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), no pueden adelantar opinión pues “no hay una medida administrativa nueva a ser consultada, en 2015 se cerró la consulta para la concesión del lote”. Sin embargo, las comunidades y federaciones denunciaron que había mala fe en torno al tema, y exigieron que el Gobierno señale en acta que el derecho a la consulta previa será respetado. El Estado se negó a ello.
Las noticias sobre la nueva concesión del Lote 192 y su nuevo operador no cesan de circular en medios. Se sabe que se prevé para el lote una concesión por 30 años más; y que la empresa nacional Petroperú junto a la actual operadora del lote, Frontera Energy, han conformado un consorcio para calificar a la concesión.
Durante la reunión, tras mucha presión de las comunidades, la agencia Perupetro afirmó que dicho consorcio está solamente en proceso de calificación. En paralelo, la web de la revista Rumbo Minero informaba aún más, precisando que el consorcio ya estaba calificado para las operaciones en el lote. Este tipo de hecho, entre otros, fueron calificados como “mala fe” por los representantes indígenas.
Las comunidades y sus organizaciones representativas han dado un plazo de 20 días al Estado para que dé una respuesta positiva en la comunidad Nuevo Andoas, de lo contrario “ustedes mismos nos obligarán nuevamente a sacar nuestras lanzas”, dijo Aurelio Chino, presidente de la organización FEDIQUEP.
“Es un derecho que nos consulten ¿Por qué tanto temor de irnos a una consulta?”, preguntó admirado el apu Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT de la cuenca del Marañón.
“Estamos supuestamente en un país democrático donde se respetan los derechos”, dijo Carlos Sandi, presidente de la organización del Corrientes FECONACOR. Junto a sus apus de comunidades dijo “si no hay consulta, no aceptamos que sigan explotando los recursos de nuestros territorios”.
Contradicciones del viceministro, silencio de la Dirección de Consulta Previa
“Nosotros luchamos por el Perú, pero en la zona de frontera, nosotros somos los más olvidados… estar viniendo acá no es un orgullo, es una vergüenza”, dijo Emerson Sandi, presidente de la organización kichwa OPIKAFPE, del río Tigre. “Que nos dejen nuestras tierras, que nos dejen y se vayan”.
Días atrás, en la comunidad Nuevo Andoas del Pastaza, tras cuatro días de protestas en el Lote 192, el viceministro de Gobernanza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Javier Fernández-Concha afirmó frente a 400 indígenas, “para la Consulta Previa ustedes tienen mi voto”.
En Lima, ante el pedido de voluntad política de los indígenas, el viceministro, trató de relativizar las opiniones encontradas diciendo que “es un tema de interpretación”. La negativa del Estado, fue respondida por el apu Aurelio Chino: “ya no vamos a venir a Lima, vemos que no tienen ese interés, esa voluntad”.
Por su parte, a pesar de estas fuera del plazo, la Dirección de Consulta Previa del Viceministerio de Interculturalidad no se pronunció en la reunión sobre la apelación que las federaciones impulsan, en el marco de su petitorio de consulta. El proceso inició en abril y tras la negativa del MINEM, a inicio de agosto se ingresó una apelación a la Dirección de Consulta.
Los pueblos no olvidan
Las federaciones presentes, FEDIQUEP, FECONACOR, OPKAFPE y ACODECOSPAT, sostienen un proceso de diálogo desde hace más de cinco años con el Estado. Este diálogo ha llevado a acciones que evidencian de cuatro décadas de terribles daños por la contaminación petrolera. Las comunidades y federaciones han señalado en reiteradas oportunidades que no permitirán que se repita la historia.
En agosto de 2015, estas comunidades fueron excluidas del proceso de Consulta Previa que se desarrollaba en aquel entonces, cuando la empresa Pluspetrol concluía su contrato. Las federaciones indígenas han calificado esta consulta como “fraude” y lo han denunciado así ante organismo internacionales.
