En el Perú, tres de cada diez mujeres son indígenas y representan el 14.5% de la población nacional, según la última Encuesta Nacional de Hogares, pero su poca participación en la toma de decisiones en sus comunidades afecta su autonomía económica y política.
Esta exclusión se traduce principalmente en que en la mayoría de las comunidades por no tener voz y voto, se les impide ser propietarias de parcelas dentro del territorio comunal, pese a que son ellas las que desarrollan la agricultura,que es la principal actividad económica de las mujeres rurales en el país, de acuerdo al Cenagro.
Según un estudio de ONAMIAP, una de las razones centrales de la falta de acceso a la tierra de las mujeres radica en las limitaciones en la participación y toma de decisiones al interior de las comunidades. Son muy pocas aquellas que logran tener un cargo dentro de la directiva comunal y si lo tienen son cargos menores.
A nivel nacional, de acuerdo a Cenagro, el 96.3% de las comunidades campesinas y el 98.1% de las comunidades nativas están presididas por hombres, avalada por los estatutos comunales que se basan en principios y normas que afectan los derechos de la mujer.
La normativa peruana ha incorporado principios constitucionales de igualdad y protección, pero no hacen referencia de manera explícita a los derechos de la mujer indígena sobre el territorio, según recoge en un estudio comparativo global de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI).
Además, la falta de estabilidad jurídica territorial de las mujeres, las hace más vulnerables económicamente, puesto que al fallecer el esposo o en la repartición de tierras comunales, ellas no son consideradas en igualdad de condiciones y se les asignan parcelas poco productivas o una menor cantidad de hectáreas, lo cual las deja desprotegidas, de acuerdo al estudio global de la situación laboral de las mujeres indígenas de la OIT.
Ante ello, las mujeres indígenas vienen organizándose con el objetivo de obtener mayores derechos de participación a través de experiencias del cambio de estatuto en las comunidades para que las mujeres indígenas sean consideradas como comuneras “calificadas”, es decir, con derecho a voz y voto sobre las decisiones territoriales en la comunidad.
Una de las regiones en las que se dan estos proyectos pilotos es Junín, donde el cambio de estatutos de la comunidad nativa de Shintoriato (Chanchamayo) ha tenido resultados exitosos en el ámbito de la Selva Central.
“Las mujeres ya están participando en la administración de la tierra. Tenemos ahora de una hectárea a una hectárea y media para cultivo de pan llevar a partir del cambio de estatuto. Antes solo los varones tenían este derecho”, comenta Roxana Martín, promotora de ONAMIAP, organización que impulsa el cambio de estatutos.
Martín señala además que con esta modificación de la normativa comunal se logró que “las hijas también pueden heredar y el territorio se reparte entre todos los hijos, antes solo se le daba solo a los hijos varones”.
“El éxito que hemos tenido en la modificación del estatuto es incorporar a las mujeres para que el 30% de puedan ejercer cargos dentro de la comunidad, ya que antes las mujeres no estaban (consideradas) como comunera calificadas, lo que nos permite tener un espacio dentro y fuera de la comunidad: gobierno locales y regionales”, agrega.
CONCLUSIONES
Los decisivos roles que desempeñamos cotidianamente las mujeres indígenas en el cuidado, defensa y conservación de nuestros territorios indígenas, los bosques, el agua, la biodiversidad y los conocimientos y prácticas tradicionales, deben ser visibilizados para darnos acceso a los espacios de decisión sobre la gobernanza territorial, desde nuestras propias comunidades y organizaciones hasta los niveles de gobierno local, regional y nacional.
Esta fue, en resumen, la conclusión del evento “¿Cuánto pierde el país si las mujeres indígenas no tienen acceso al territorio?”, organizado por ONAMIAP y realizado el viernes 26 de mayo, en el que participaron representantes del Estado, la cooperación internacional y las organizaciones indígenas.
Ante un nutrido auditorio, se desarrollaron dos mesas en las que se recogieron testimonios de mujeres indígenas, se presentaron estudios internacionales sobre el acceso a la gobernanza territorial y los mecanismos del Estado para garantizar estos derechos.
En la primera mesa, Ketty Marcelo, presidenta de ONAMIAP dio algunas cifras preocupantes que grafican las brechas entre los aportes de las mujeres indígenas y su escaso acceso a la gobernanza territorial y relató las dificultades que a lo largo de su vida encontró para acceder a cargos directivos y espacios de decisión, mientras que Diana Ríos, lideresa asháninka de Alto Tamaya – Saweto, hija de uno de los líderes indígenas asesinados por defender sus bosques, dio también un conmovedor testimonio. Omaira Bolaños de Rights y Resource Initiative (RRI) y Iliana Monterroso del Center for International Forestry Research (CIFOR) presentaron estudios internacionales sobre el tema.
En la segunda mesa participaron, por el Estado, Benjamín Quijandría, viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, José Osorio de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural – DIGESPACR, Henry Delgado del PTRT3 y las congresistas Tania Pariona y Marisa Glave. Por la cooperación internacional expusieron Sondra Wentzel de GIZ/Cooperación Alemana y Diana Rivera, coordinadora del proyecto PNUD-DCI.
DATOS:
- Datos de la FAO indican que la mujer rural produce la mitad de los alimentos del mundo, porcentaje que se incrementa en los países en vías de desarrollo.
- De acuerdo al CENAGRO, el 49,04% de las mujeres indígenas se dedican a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
- La FAO indica que la mujer rural produce la mitad de los alimentos del mundo, porcentaje que se incrementa en los países en desarrollo.
- Las mujeres indígenas representan el 23.8% del total de la población de mujeres peruanas y el 50.2% del total de población indígena a nivel nacional.
- Las mujeres conducen el 22.6% de conducción agrícola y no agrícola y los varones el 77.4%.
- Las mujeres productoras por régimen de tenencia es el 69.9% y hombres productores por régimen de tenencia 65.7% siendo las mujeres las mayores productoras.
