Una nueva ley profundiza la precarización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, se trata de la Ley “que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción”, que fue aprobada el 25 de abril por el Pleno del Congreso de la República.
Aunque el texto aprobado introdujo algunos cambios, referidos a la participación indefinida a la Contraloría y la inclusión en la labor a los gobiernos regionales y locales, tal como lo sugirieron algunos legisladores, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, el tema de la disposición inconsulta de nuestros territorios indígenas no se ha modificado.
Como lo advirtió el pronunciamiento emitido por el Pacto de Unidad, del cual Onamiap forma parte, esta ley obliga a nuestras comunidades campesinas y nativas (sin proceso de diálogo o acuerdo previo) a ceder provisionalmente y sin resarcimiento alguno la posesión y uso de sus territorios comunales para la reubicación “temporal” de los damnificados y las damnificadas.
Este no es un asunto de falta de solidaridad, que en nuestras comunidades es un principio ancestral, lo que manifestamos es que los pueblos indígenas no hemos sido consultados, como lo dispone el Convenio 169 de la OIT en cuanto a normas que afectan nuestros derechos territoriales.
Las mujeres de Onamiap vemos que esta ley vulnera nuestro derecho de posesión ya que señala que las tierras comunales no tituladas pueden ser expropiadas. Además que la disposición final sobre las Obras por Terrenos autoriza a las empresas privadas que inviertan en el encauzamiento y escalonamiento de los ríos, generando así “tierras aprovechables”, a acceder a éstas a modo de retribución o compensación por su inversión.
Como mujeres indígenas, y por nuestra estrecha relación con la Madre Tierra, nos preocupan las pérdidas de cultivos y productos de pan vivir que sustentan la vida de nuestras comunidades, por ello nos alarma que esta ley de reconstrucción no priorice como eje fundamental el apoyo para recuperar la agricultura y la ganadería, principales actividades de las que dependen nuestras familias.
Nosotras sabemos que la reconstrucción es indispensable, pero debe ser integral y que considere tanto la infraestructura como lo social, con un enfoque de derechos humanos, respeto a la Madre Tierra, y a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas (protección a nuestros territorios ancestrales, consulta y consentimiento previo, libre e informado).
Finalmente, proponemos que se considere la participación y el aporte de las mujeres y los pueblos indígenas en todo el proceso de reconstrucción para garantizar que esta se realice sin vulnerar nuestros derechos, con transparencia y sin corrupción. Pues, el objetivo debe ser beneficiar a los damnificados y las damnificadas, considerando a los pueblos indígenas que han sido afectados, y no a los inversionistas privados que en su lógica mercantilista, convierten los desastres en negocio.
Abril 25, 2017
