El pasado 18 de abril, el Poder Ejecutivo envió con carácter de urgente al Congreso el Proyecto de Ley 1246, que “aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. El proyecto de ley tiene como objetivo desarrollar e implementar un plan integral para la rehabilitación, reposición, construcción y reconstrucción de infraestructura de uso público de calidad, incluyendo educación, salud y programas de vivienda de inclusión social. Para esto propone la creación de la nueva Autoridad, adscrita a la PCM y con autonomía y rango ministerial.
El Gobierno plantea una serie de medidas para agilizar trámites y aprobaciones relacionados con la ejecución del Plan de reconstrucción. Para esto propone crear una Autoridad con autonomía funcional, administrativa, técnica y económica, con capacidad de gasto, que tome decisiones que serán de “obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad de todos los servidores públicos de las diferentes instancias y niveles de Gobierno involucrados” (quien no cumple incurre en “falta de carácter disciplinario”), que pueda contratar bienes, servicios, obras y consultorías conforme a la Adjudicación Simplificada, con contratos de personal a plazo fijo bajo el régimen laboral de la actividad privada, sin tener que aprobar un ROF o MOF, con un control de la Contraloría solo a tiempo real (sin lugar a control posterior) y concentrado en el cumplimiento de la legalidad y no en las decisiones técnicas, sin que los tomadores de decisión puedan ser objeto de sanciones ni determinaciones de responsabilidad, con la posibilidad de hacer uso del silencio positivo administrativo si los procedimientos burocráticos no son resueltos en siete días hábiles y sin que sea posible, en ningún caso y bajo responsabilidad, disponer la paralización de las obras. Estas son algunas de las medidas “simplificadoras” a las que hay que agregar, como era esperable, el énfasis en que todo esto impulse la participación del sector privado.
Mención aparte merece además la inclusión de la figura de las “obras por terrenos”, que dispone que la inversión privada en el encauzamiento y escalonamiento de los ríos que genere “tierras aprovechables” puede ser reconocida como retribución o compensación para el inversionista –los detalles se determinarán a través de un Decreto Supremo.
Es ciertamente urgente reconstruir las zonas destruidas y afectadas por el reciente Niño Costero y tomar medidas para que esta reconstrucción no repita los errores del pasado (como la ocupación de zonas de riesgo). El problema está en cómo llevar a la práctica estos objetivos, y es ahí donde aparecen las dudas sobre los mecanismos propuestos por el Gobierno. Promover facilidades extraordinarias a la inversión privada en la reconstrucción posterior a desastres naturales no es algo nuevo. Al contrario, hay amplia evidencia internacional de casos en que se utilizan situaciones extremas para que privados hagan negocios a costa del Estado y sin necesariamente favorecer intereses ciudadanos.
La periodista canadiense Naomi Klein llama “doctrina del shock” a la aplicación rápida de medidas extremas de profundización neoliberal (notablemente, olas de privatización), en periodos en que la población se encuentra en shock, luego de una guerra, una crisis económica extrema o un desastre natural, por ejemplo. Luego del huracán Katrina, el Gobierno de George W. Bush impulsó la privatización de la educación en Nueva Orleans, cosa que no había podido lograr en “tiempos normales” a pesar de sendos esfuerzos. En el caso de la reconstrucción de Sri Lanka luego del Tsunami del 2004, esta implicó que pescadores “mal ubicados” o “expuestos al peligro” tuvieran que abandonar sus tierras frente al mar y cederla a los constructores de hoteles.
En contextos de shock, luego de una situación extrema, se abre una ventana de oportunidad para llevar adelante rápidamente reformas radicales que en coyunturas normales serían muy difíciles de implementar. El Gobierno de PPK ha visto la oportunidad de profundizar una agenda que ya conocemos, repetida hasta el cansancio por la narrativa del “destrabe de inversiones” y plasmada parcialmente a través decretos legislativos y “paquetazos ambientales”.
Hay ahora una nueva oportunidad para profundizar esta agenda y usar los recursos de la reconstrucción de forma rápida, centralizada, sin controles institucionales y de la mano con el sector privado. El Gobierno apuesta fuerte y de aprobarse este proyecto de ley, los resultados tendrían que verse en pocos años. Lo que genera dudas es si el afán reconstructor tiene como móvil el servicio público o el “negociazo” privado, como hemos visto tantas veces que se levantan los controles institucionales para que el Estado gaste fuertes sumas de dinero en alianza con capitales privados.
