Han pasado tres años desde que el 1 de septiembre de 2014 fueron secuestrados, cruelmente torturados y asesinados los líderes indígenas de Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto, Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo. Pese a que el plazo de la investigación preparatoria concluye el 30 de este mes, el caso está paralizado y la amenaza de impunidad ronda sobre este crimen cometido contra los cuatro defensores de nuestros bosques.
Los líderes asesinados defendían sus bosques de protección permanente de la tala ilegal y todo apunta a que las mafias existentes son los responsables de los asesinatos. Recién cuando se perpetró este crimen el Estado volvió los ojos hacia esta comunidad nativa a donde llegó la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, a visitar a las familias de las víctimas y asumir el compromiso político de generar presencia efectiva del Estado en la zona de frontera con Brasil.
Para lograr ello, se aprobó la Agenda Saweto con un conjunto de acciones orientadas a asegurar que los hechos no quedaran impunes, para lo cual coordinaría el Ejecutivo con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Jara también se comprometió a dar seguridad jurídica al territorio de la comunidad, brindar seguridad a los comuneros y las comuneras de la zona de frontera frente al accionar del crimen organizado y generar desarrollo.
Hasta ahora solo el segundo punto ha sido cumplido: gracias al apoyo de la cooperación internacional, la comunidad ha sido reconocida y titulada. Pero ¿dónde está el compromiso contra la impunidad? Para brindar seguridad y protección a la comunidad contra las mafias de tala ilegal, únicamente fue creado en el 2015 un Puesto de Vigilancia de la PNP que se limita al control relativo del tránsito de personas, más no actúa cuando se advierten actos ilícitos.
Tampoco se ven resultados en cuanto al compromiso de generar desarrollo a través de proyectos como Comunicaciones (antena para telefonía), Programa Nacional Tambos, Vivienda Rural, Pensión 65 y FONCODES, y brindar apoyo social y económico a las familias de las víctimas. Aún no se han culminado las obras del programa Tambos, y tampoco se ha venido asistiendo a las familias de las víctimas, principalmente los hijos menores de edad que quedaron en orfandad.
En el año 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronunció sobre este caso, recomendando la atención por el Estado peruano de las demandas largamente postergadas de la Comunidad Alto Tamaya Saweto y, en particular que el “gobierno persista en sus esfuerzos para determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables de los asesinatos de los Sres. Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo” y “tome acciones para prevenir muertes y actos de violencia y que se atiendan, de acuerdo con la legislación nacional, los reclamos de las familias de las víctimas”.
Desde la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), exigimos a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Ucayali, a cargo del Fiscal Provincial Julio César Reátegui, que retome las diligencias para identificar y acusar a los responsables, para que sean procesados y sancionados por el Poder Judicial. Asimismo, pedimos a la PCM que cumpla todos los compromisos que asumió con la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto.
¡La impunidad es complicidad!
