Una épica victoria consiguieron los pueblos indígenas, bien liderados por el Pacto de Unidad consiguieron un hecho sin precedentes la derogatoria del Decreto Legislativo No 1333, que autorizaba expropiación de sus territorios, la reubicación de poblaciones indígenas y además la injerencia en órganos internos de las Comunidades Nativas y Campesinas.
Este logro legislativo basa su éxito en el excelente trabajo de las organizaciones indígenas que de manera excepcional explotaron al máximo los procedimientos parlamentarios, la incidencia social, el litigio estratégico y una notable campaña comunicacional.
Así primero, se expuso lo lesivo de la norma al Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo, y luego a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso que finalmente recomendó la derogación de la “Ley del Despojo” por inconsulta y afectar derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La batalla por el derecho de propiedad comunal y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, se reavivo el 28 de abril, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas inicio su campaña de desinformación y acudió a maniobras reñidas con la buena fe, al tratar de hacer pasar reuniones con organizaciones indígenas como indicador de que se había llegado a acuerdos con las mismas y no se debería derogar el Decreto Legislativo No 1333 solo había que maquillarlo y modificarlo levemente.
Lo más triste de esta campaña del MEF fue que el Viceministerio de Interculturalidad apoyo su propuesta he hizo caso omiso al Congreso y la Defensoría del Pueblo que recomendaron derogar esta norma por inconsulta y lesiva a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quedo claro entonces que la institucionalidad indígena no responde a la defensa de los derechos indígenas y requiere una urgente reforma.
Allí se hizo grande el Pacto de Unidad que sobre la marcha interpuso una acción de amparo a través de la CNA y ONAMIAP, con el respaldo legal de IDLADS, y en simultáneo cada semana emitió persistentes pronunciamientos de rechazo, a los que se adhirió Aidesep, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, DAR, IBC, Servindi, entre otros, y dio lugar a una intensa campaña en medios así como en el Congreso de la República.
Fuente: ONAMIAP
Frutos de ese titánico esfuerzo consiguieron hoy 25 de mayo del 2017, un logro histórico: el Congreso de la República con 82 votos derogo el Decreto Legislativo 1333 por inconsulto, y de paso dejó una lección al todo poderoso ministerio “dueño de la billetera”, a quién le recordaron que ya no podrá aprobar normas de espaldas ni a escondidas de los pueblos indígenas sino consultándoles y respetándolos así es como funciona una auténtica democracia.
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible-IDLADS
