Estamos aún en medio de la catástrofe del llamado “Niño Costero”. Las últimas cifras que ha reportado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señalan que la lista de fallecidos se elevó a 97 personas, más de 20 desaparecidos, 124 161 personas damnificadas, 14 301 viviendas colapsadas; 813 239 mil afectados[1]. Es probable que las cifras se incrementen para finales de abril, que es cuando se espera que las lluvias cesen y el fenómeno climático termine. Más allá de esas cifras frías como un tempano, debemos ser honestos con lo que cada día vemos y escuchamos en las redes y medios de comunicación desde nuestro cómodo sofá: Detrás de cada persona que sufre dramáticamente este desastre, está el rostro de la desigualdad social y económica de este país.
Vivimos dentro de un Estado que nos castiga dependiendo de nuestro origen, condición o lugar donde vivamos; sino preguntémonos ¿quiénes son los pobladores que viven en las quebradas inactivas, ahora arrasadas por los huaicos?, ¿cómo es que se asentaron en tierras tan arriesgadas?, ¿de qué material precario están construidas sus viviendas?, ¿cuentan con servicios básicos como agua potable, alcantarillado, atención sanitaria digna?, ¿cuál es la calidad de la educación que reciben sus niños y niñas? Se calcula que el 60,9 % de la población peruana está en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales[2]; más de 3.5 millones de viviendas son de material precario[3], 2.5 millones carecen de alcantarillado[4] y 7 millones de peruanos no tiene acceso a agua potable segura. La causa la encontramos en la enorme brecha de desigualdad entre los privilegios que tienen algunos, en detrimento de los mínimos derechos que son negados a la gran mayoría de peruanos.
La furia de la naturaleza se ha encargado de desnudar la precariedad de nuestro Estado, además de mostrar la irresponsabilidad, negligencia y en algunos casos delictuosidad de sus autoridades[5]. La organización política de nuestro Estado, en gobierno nacional, regional y local, dejó en evidencia la inexistente coordinación y desarticulación entre los niveles de gobierno, si no veamos cómo el alcalde de Huarmey[6] tras la inundación de su localidad por tres días, se vio obligado a trasladarse a Lima e interrumpir una conferencia de prensa del presidente para solicitar ayuda o el caso de varios ministros haciendo la vez de gobernadores regionales en los lugares de desastre[7].
Lo cierto es que los últimos gobiernos nacionales, han reconcentrado el poder político y económico, señalando la falta de “capacidad de gestión” en las regiones y bajo esa justificación han tomado las grandes decisiones sobre territorios y recursos que no les competen; todo esto en función de la imposición de un modelo de desarrollo económico desde el centro a la periferia, logrando el fracaso de la descentralización.
Si a ello le agregamos que nuestras autoridades han prescindido de instrumentos de gestión como la planificación estratégica y el ordenamiento territorial, entonces podemos entender mejor la magnitud de los daños; puesto que estos instrumentos buscan contribuir a la reducción de la vulnerabilidad humana y orientar la ocupación del territorio a partir de intervenciones que reduzcan el riesgo de desastre. Sin embargo, la situación actual es producto de tres décadas sin planificación, ni articulación de planes sectoriales y regionales. El crecimiento de las principales ciudades en este país no se planifica, solo se ocupa desordenadamente, creando grandes cinturones de asentamientos humanos; dicha ocupación muchas veces producto de invasiones, son sospechosamente saneadas “legalmente” por la autoridad competente sin cumplir las mínimas condiciones de habitabilidad.
Hay un ejemplo concreto que engloba la lógica de un Estado desigual y sin planificación. El 2013 finalizó el ciclo de altos precios de las materias primas que exportamos, con ello llegó el estancamiento económico, el PBI empezó a decrecer y esto a alarmar al gobierno de turno. La decisión para reactivar la economía fue bajar y, en algunos casos, eliminar estándares de protección de derechos sociales y ambientales. Se aprobaron decretos, leyes y políticas para seguir esa lógica; una de esas normas fue la aprobación de la Ley 30230, que, en su artículo 22, limitó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial a una decisión del gobierno central, desmantelando así lo poco avanzado en planificación por los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué lo hizo? porque el gobierno central vio en riesgo la exclusión de proyectos extractivos, reforzando de esta manera la lógica de un Estado que busca beneficiar a unos pocos, incluso a costa de la planificación y ordenamiento del territorio.
La falta de planificación y desigualdad son un mal endémico en nuestro país, están íntimamente relacionadas, pero ningún gobierno en toda la historia republicana parece haberle prestado interés. A pesar de que la última década se haya tenido un superhabit fiscal que difícilmente se podrá repetir, el Estado no se inmuto ni por planificar, ni por acortar las diferencias entre ricos y pobres; si más bien se ocupó por las cifras macroeconomía (PBI, tasa de interés, balanza de pagos) y sobre todo los incentivos normativos a la inversión para tener mayor competitividad, todo esto visto como un fin en sí mismo.
Si bien es cierto que hubo resultados que redujeron el índice de pobreza monetaria[8] logrando pasar de más del 50% de pobreza en 2004 a menos el 23% en 2014[9], olvidándose de combatir la extrema desigualdad que se fue ensancho en la misma proporción del crecimiento económico; en el 2004 un poblador rural tenía el doble probabilidades de ser pobre que el urbano, hoy esa probabilidad es triple[10]; de la misma forma los habitantes de Huancavelica tienen cinco veces más probabilidades de pobreza y desigualdad que un habitante promedio de Lima.
Hasta antes de que se produjeran los desastres naturales, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski seguía en la misma lógica de gobiernos anteriores: la obsesión por el crecimiento económico ilimitado. Sin embargo los desastres nos han demostrado que si queremos modernizar el Estado, no es suficiente crecer con un promedio de 6% entre 2005 al 2013, ni de triunfalismos como el llamado “Milagro peruano”; tenemos que empezar a planear el país que queremos, uno que tenga capacidad de respuesta ante grandes emergencias, porque las probabilidades de fenómenos climatológicos serán frecuentes, pero además debemos atacar la terrible desigualdad económica y social que existe entre peruanos y peruanas. Queda eso, o que persista la fórmula de los últimos 25 años, donde el Estado bajo un modelo económico neoliberal, deja a la mayoría de peruanos a expensas de los desastres naturales. Total, como dicen sus ideólogos el mercado otorga lo que cada uno se merece.
*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
[1] Ver La República
[2] Ver Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) por las Naciones Unidas
[3] INEI 2015 Condiciones de vida en el Perú, Informe Técnico N°.-2- junio 2015.
[4] Defensoría del Pueblo 2014. El derecho humano al agua y saneamiento: el control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso. Informe 170 Defensoría del Pueblo.
[5] En este análisis no vamos a referirnos a la variable corrupción que está íntimamente relacionada con el colapso de la infraestructura a raíz de los desastres, donde los alcaldes tienen mucha responsabilidad siendo el caso de Lima metropolitana es el más escandaloso.
[6] Ver en La República
[8] La pobreza monetaria es aquella situación en la que el nivel de ingreso o consumo de una persona es inferior a una canasta de bienes y servicios esenciales.
[9] INEI 2015 Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.
[10] Reporte de Oxfam América, 2015. Para no retroceder, realidad y riesgo de la desigualdad en el Perú. Documento de Trabajo Perú N°.- 1/octubre 2015.
