Conversamos con José De Echave, Responsable del programa Derechos colectivos e industrias extractivas de Cooperacción sobre las afirmaciones de algunos actores en torno a la actual discusión sobre la minería y su impacto en el territorio nacional.
MITO: “La minería solo se da en el 0.1% del territorio nacional”
RESPUESTA: El porcentaje de territorio nacional que tiene actividad minera varía año a año porque hay concesiones que vencen y que no son renovadas, esto está vinculado a las exploraciones. Hubo una subida en la década de los 90, después baja, esto ha sido parte del super ciclo de precios: llegamos a 21.13%, después baja y ahora estamos en una situación más o menos estable. A mayo de este año era 14% del territorio nacional: 18 millones de hectáreas. Hay regiones que tienen un porcentaje muy fuerte de concesiones: Moquegua tiene 53.72%. Esta data es oficial de la DIGEMED pero hay que manejarla con rigurosidad: la concesión es un derecho minero que entrega el Estado a la empresa minera, pero eso no quiere decir que toda concesión se vaya a convertir en explotación minera.
La concesión no da derecho a propiedad superficial; por eso la diputa entre el derecho minero y del propietario superficial que puede ser una comunidad campesina o un propietario individual. En el caso de industrias extractivas, a las concesiones mineras hay que agregarle los lotes de hidrocarburos que se entregan. Los lotes de hidrocarburos están en la Amazonía o el zócalo continental; entonces en conjunto si bien no se puede decir que todo el país está concesionado, sí hay un porcentaje importante de concesiones otorgado a empresas mineras o petroleras.
MITO: “La minería formal identifica y controla sus impactos con el uso de nuevas tecnologías, a diferencia de la minería informal”
RESPUESTA: Evidentemente la minería formal no opera como la minería informal, pero al mismo tiempo vemos operaciones supuestamente modernas que generan contaminación. Sería absurdo no aceptar que las operaciones mineras no son como las que se desarrollaron el siglo pasado pero que no generan impacto, que todo sea perfecto o todo esté encapsulado tampoco es cierto. Obviamente tampoco se puede comparar con lo que ocurre en las zonas de minería informal donde no hay ningún tipo de regulación, control o fiscalización y se generan los impactos que hemos visto.
Este año Goldfields, una empresa sudafricana que tiene un proyecto minero relativamente nuevo en el país de entre 10 y 15 años en operación en Bambamarca (Cajamarca), ha tenido un problema porque su cancha de relave se desbordó e impactó la cuenca. Cobriza hace poco, que pertenecía a Doe Run -una empresa en EE.UU. que no tiene buenos antecedentes- como era una operación antigua implementó un programa de adecuación y manejo ambiental para estar acorde con los estándares ambientales de la legislación peruana. La presa de relaves de Cobriza se desbordó hace poco y ha creado un impacto ambiental muy fuerte que llega hasta el río Mantaro.
Podría seguir utilizando ejemplos: Caudalosa Chica es una operación en Huancavelica y también su presa de relaves colapsó, y a nivel internacional lo que ha pasado en Brasil, en Minas Gerais con una operación de la empresa Vale que es la segunda más grande en el mundo donde nuevamente por segundo año consecutivo la misma zona la operación colapsa y produce un gran impacto.
MITO: “Los conflictos sociales son una amenaza para la inversión minera y se producen por intereses particulares, no por demandas justas”
RESPUESTA: En los conflictos mineros hay que tener la capacidad de diferenciar lo que son las agendas legítimas de la población de lo que pueden ser las agendas ilegítimas. En el caso de Las Bambas si vemos a un par de abogados lo que les interesa es cobrar un porcentaje de una negociación y en función de eso están buscando crear un escenario de violencia, de enfrentamiento se ve claramente la agenda ilegítima, pero más aún si soy Estado y estoy interesado en que un conflicto se solucione eso no me puede llevar a generalizar que todo el conflicto se mueve en función a esa agenda ilegítima; yo tengo la obligación de identificar la agenda legítima, eso es lo clave y fundamental: diferenciar lo legítimo de lo ilegítimo. En todo conflicto minero sí hay una agenda legítima que debería predominar.
