Frente a la crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, organizaciones juveniles y sociales se pronuncian. ¡Añade tu firma!
Frente a la crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, NO PODEMOS PERMITIR MÁS MUERTOS EN CONFLICTOS SOCIALES, ciudadanos y ciudadanas de todo el Perú manifestamos:
El conflicto socioambiental relacionado al proyecto minero Las Bambas, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, data del año 2015 y forma parte de los cientos de conflictos latentes que existen y no son cubiertos por la concentración de medios de nuestro país. Existe la penosa estrategia de querer desacreditar las demandas de los comuneros, buscando asociar y reducir los reclamos de las comunidades a “cuestiones de dinero, ambición o extorsión”, pero en realidad este conflicto trata de una cuestión ambiental, de salud y de derechos.
Para tener en cuenta: En el 2015 la empresa minera modificó su EIA (por la venta de la mina) para que ya no se construya el mineroducto hacia Espinar (Cusco), por lo que el mineral extraído se procesaría en Challhuahuacho, para luego ser transportada en vehículos hacia el Puerto de Matarani en Arequipa. Dicha modificación del EIA nunca les habría sido consultada a las comunidades. Posterior a ello se construyó una carretera que atravesaba los territorios de las comunidades, la misma que fue hecha una vez más sin consultarles, e hicieron que el Estado la declare como vía nacional (excluyéndose convenientemente la empresa minera de cualquier responsabilidad que surja en la vía). A diario transitan un aproximado de 250 vehículos llevando el material minero proveniente del proyecto Las Bambas, lo cual a pesar de los riegos de la vía que hace la empresa, genera ruidos y polvaderas que afectan directamente a la salud de los niños, ancianos y pobladores. Esta falta de consulta, y atropello de derechos, ha generado reclamos, frente a los cuales el Estado, desde el 2017, declara estados de emergencia “preventivos”, más no ha dado prioridad al diálogo.
Lamentablemente, y al igual que en otros conflictos sociales, los últimos 3 gobiernos han optado por la criminalización de la protesta. Haciendo abuso de su función como garantes del Estado de derecho (utilizando instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público para detener a las autoridades comunales de Fuerabamba conjuntamente con sus abogados) y omitiendo el pedido pleno de las comunidades y sus representantes por el entendimiento democrático, con los representantes del gobierno más la empresa minera MMG. Exigimos que se desarrollen las investigaciones con el respeto irrestricto de los derechos constitucionales y legales que les asiste. La justicia debe mostrarse independiente de todo interés político y comercial.
Recordamos que las protestas del 2015 y 2016 ya han dejado un saldo lamentable de 4 personas muertas, decenas de heridos, viudas y niños huérfanos. No queremos represión ni un enfrentamiento violento, por lo que las organizaciones que suscribimos, hacemos un llamado al Presidente, junto a los responsables del Ejecutivo, y a los representantes de la “Empresa MMG Las Bambas”, a dejar de lado las persecuciones, amenazas y actos de violencia contra las comuneros de Fuerabamba y demás comunidades.
Finalmente, rechazamos el uso desproporcionado de efectivos policiales y miembros del ejército enviados el día de ayer, domingo 24, para amedrentar a los comuneros manifestantes. Escenarios similares y lamentables como un nuevo “Baguazo” solo alientan el resquebrajamiento de la sociedad con el Estado, generando un círculo vicioso de mayor conflictividad. Por ello, la respuesta del gobierno no puede limitarse al uso de violencia, urge el diálogo horizontal e intercultural, con respeto a todas las partes.
¡DIÁLOGO SÍ, REPRESIÓN NO! ¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
