Aunque la prensa nacional no cubra adecuadamente el tema, la situación en el Lote 192 es cada vez más preocupante por la indolencia del gobierno y las empresas petroleras involucradas. En días recientes el pueblo Quechua del Pastaza ha emitido una comunicación protestando porque se pretende desconocer su derecho a la consulta previa, porque no exige que PLUSPETROL asuma sus responsabilidades sobre todos los pasivos ambientales del lote y además no se avanza significativamente en los compromisos asumidos en diversas mesas de negociación.
Estos hechos han sido ratificados por el sistema de ONU, alertando que el estado peruano no está atendiendo los derechos indígenas, que las empresa directamente responsable (Pluspetrol) pretende evadir su responsabilidad y que por el contrario, se anuncia y promueve una nueva concesión petrolera, sin consulta. Es así que un comunicado de prensa conjunto de la Relatora sobre derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y el Relator sobre Desechos Tóxicos, Baskut Tuncak, señala su preocupación por la falta de garantías para remediar los daños causados por la explotación petrolera y proteger los territorios indígenas en las 3 cuencas afectadas directamente por este lote, por ello piden suspender cualquier negociación para dar continuidad a estas actividades, hasta que se garanticen los derechos indígenas.
Asimismo, el grupo de Empresas y Derechos Humanos de ONU, luego de concluir una visita oficial a Perú, consideró que “(..) se planteó la preocupación de que la empresa argentina/holandesa Pluspetrol habría abandonado sus operaciones en el Lote 192 en el 2015 sin limpiar, ni cumplir con las reparaciones por los derrames de petróleo previos (…) “ El informe del Grupo de ONU señala que la empresa canceló la reunión con ellos, evitando presentar algún descargo.
Las federaciones indígenas exigen respeto a sus derechos fundamentales, lo que además representa el interés de todos los peruanos que vemos como se destruyen nuestros bosques a costa del interés privado.
¿Qué implica esto en el momento actual?:
- Exigir a PLUSPETROL un Plan de Abandono donde incluya la remediación de todos los sitios impactados en el Lote 192 (más de 2,000, reconocidos por la propia empresa) porque pretenden limpiar únicamente unas decenas de rellenos sanitarios, residuos de chatarra y pozos abandonados, aludiendo que todo lo demás no es su responsabilidad, sino de la Occidental Petroleum. Esto pese a que el contrato petrolero suscrito entre ambas implicó todos los activos y pasivos, situación que ya ha sido ratificada en un arbitraje internacional. El gobierno no puede permitir que una segunda empresa abandone impunemente este lote petrolero; debe utilizar todos los medios legales y judiciales para defender nuestros intereses como país.
- Que se garantice una Consulta Previa adecuada y oportuna a los pueblos indígenas antes de aprobar la continuidad de las actividades petroleras. Esto es independiente de que el mecanismo sea una licitación pública o una negociación directa entre la empresa actual Pacific y PetroPerú. El MEM no puede burlar el Convenio 169 – OIT y la ley de Consulta Previa, que claramente señalan que el derecho procede frente a toda decisión legal o administrativa que afecte derechos de los pueblos indígenas. Exigimos que el Ministerio de Cultura, como ente rector del derecho a la Consulta previa, asuma su responsabilidad y no avale este abuso como ha hecho hasta el momento.
- Suspender el proceso de negociación directa que Perupetro está llevando a cabo hasta que se garantice el derecho a una consulta previa, libre e informada en el marco de la suscripción de un nuevo contrato de licitación para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 192 por 30 años.
- Garantizar que se remedien todos los impactos ambientales presentes en los territorios a través de un Plan de Abandono que abarque todos los sitios impactados en el lote 192, antes de proceder con una nueva licitación.
- Mantener abierto un canal de diálogo de alto nivel con las comunidades y sus federaciones representativas, que asegure el cumplimiento de los acuerdos y actas que el Estado firmó.
La ONU interviene en un momento oportuno
Han pasado más de seis meses desde que las federaciones exigen respuestas al gobierno sobre la Consulta Previa del Lote 192. A la fecha las autoridades solo ofrecen negativas y evasivas.
En abril FECONACO, FEDIQUEP y OPIKAFPE, de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre, realizaron un Petitorio de Consulta Previa al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). La respuesta de la autoridad no fue una sino, extrañamente y de forma contradictoria, dos.
Una primera carta (6/6/2017) indica que “no corresponde realizar un nuevo proceso de consulta previa en el Lote 192, en tanto que el proceso de consulta efectuado en dicho lote [en agosto 2015] abarcó la suscripción del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o servicios para la explotación de hidrocarburos”. MINEM también señala en la carta que su posición está respaldad por Ministerio de Justicia y por el Viceministerio de Interculturalidad.
Sin embargo, tres días después, en una segunda carta (9/6/2017), MINEM ya no es categórico y dice que “la pertinencia o no de realizar un proceso de consulta previa se evaluará al momento de la culminación del contrato [actual de servicios]”, es decir, cuando las condiciones para la firma del siguiente contrato ya estén pactadas y no haya margen para que las comunidades negocien condiciones que eviten la afectación de derechos.
Por su parte, al margen de las comunidades y sus federaciones, Perupetro avanza con la firma del siguiente contrato. Los indígenas ya han denunciado “artimañas” de Perupetro, quien ya inició acciones, como son talleres participativos con gremios y autoridades en ciudades de Loreto. Y lo que es más grave, mediante “engaños”, ha hecho y pretendido hacer talleres de Participación ciudadana en las comunidades del lote, lo que les daría vía libre para avanzar sin informar debidamente a federaciones indígenas y comunidades.
Una avalancha de actos discrecionales y de mala fe desde Perupetro y el Ministerio de Energía han terminado por generar un clima de conflicto con las comunidades (diario La República 13/7/2017), quienes han anunciado que podrían tomar medidas radicales para defender sus derechos.
El año 2017 se parece al año 2015
Ya es la segunda vez que se vulnera el derecho a la consulta previa de estas comunidades indígenas, que durante décadas han sufrido el peor caso de contaminación por petróleo del país. En agosto de 2015, los mismos Relatores de la ONU emitieron un mandato hacia el gobierno peruano donde se mostraron “extremadamente preocupados” por el proceso de Consulta Previa en la zona, el cual fue calificado por FECONACO y FEDIQUEP como “un fraude”.
Aquella vez, el MINEM excluyó a FEDIQUEP y FECONACO de la última etapa de diálogo de la consulta y cerró de forma interesada el proceso con la organización indígena FECONAT y la ONG ORIAP las cuales cuentan con una representa minoritaria en la zona.
“El deber estatal de consultar a los pueblos indígenas debe encaminarse a la consecución de acuerdos consensuados y debe realizarse de buena fe”; señalaron aquella vez los relatores.
En 2017 se repiten las mismas amenazas. Recientemente la Defensoría del Pueblo ha remitido una carta al MINEM (19/5/2017), haciendo memoria del caso de 2015, solicitando información y transmitiendo las preocupaciones de las comunidades.
Hasta el momento el Estado peruano no da muestras de seguridad y respeto frente a un legítimo derecho y la vida de las comunidades quechuas, achuares y kichwas. La exigencia de Consulta Previa que realizan las federaciones y comunidades indígenas cobra nueva relevancia y está en la mira de instituciones garantes de derechos a nivel nacional e internacional.
