Lima recibe la octava Cumbre de las Américas que tiene como tema principal la Gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Abordar de manera responsable dicho tema significaría probablemente la refundación de varios de los Estados asistentes, tras el terremoto que ha provocado los sobornos que la empresa Odebrecht repartió a varios jefes de gobierno y altos funcionarios de casi la totalidad de los países de América Latina y que en el caso peruano costó la renuncia del presidente y que ha embarrado a toda la clase política de los últimos treinta años.
Como si no fuera suficiente esta crisis democrática que viven los países latinoamericanos, la convocatoria a la Cumbre realizada por Perú empezó generando una división innecesaria, al invitar y luego desinvitar al mandatario de Venezuela; a lo que se suma la reciente decisión de militarizar la frontera de México, en actitud beligerante de Trump contra los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos.
Bajo ese ambiente enrarecido se llevó el primer acto oficial de la cumbre, que ha sido el Foro de los Pueblos Indígenas, como parte de otros tres foros que reúnen a empresarios, juventudes y sociedad civil. El Foro de Pueblos Indígenas fue organizado por el Pacto de Unidad de Pueblos Indígenas del Perú, espacio que reúne a las principales organizaciones nacionales indígenas. El evento lo inauguro el primer ministro, Cesar Villanueva y contó con la participación de más de trescientos líderes y lideresas indígenas de América Latina, donde se abordó y discutió en torno al derecho de libre determinación, la defensa del derecho a la tierra y territorio, el ejercicio del derecho a la consulta previa; generando propuestas y alternativas a la crisis democrática que vive la región, desde la mirada de los pueblos indígenas.
El carácter oficial del Foro, no fue óbice para que los líderes y lideresas de los pueblos indígenas realicen una crítica frontal a la continuidad de los Estados republicanos miembros de la Organización de Estados Americanos, que se han fundado a partir de la exclusión de los pueblos originarios, ejerciendo sistemáticamente una política de asimilación cultural, con prácticas racistas y monoculturales que siguen violando los derechos de los pueblos indígenas.
Desde esa perspectiva una de las principales demandas ha sido que los Estados cesen sus políticas normativas que permiten el acceso a sus tierras y territorios para beneficiar a proyectos de inversión privada y pública que vulnera los derechos humanos de los pueblos indígenas y que en la gran mayoría de casos han operado en complicidad entre empresas y Estados a pesar del rol garante de derechos, pero que además el Estado ha corrompiendo sus propios actos, debilitando la institucionalidad democrática.
Esto ha generado que diversos pueblos ejerzan el derecho a la protesta en busca de salvaguardar otros derechos necesarios para su supervivencia, lo que ha propiciado acciones desproporcionas por parte del Estado como la criminalización de la protesta, y en otros casos la persecución y asesinatos de líderes y lideresas defensoras de derechos.
Ante esa situación es necesario la urgente acción del Estado para garantizar los derechos territoriales a través del reconocimiento, titulación colectiva, demarcación, georreferenciación, saneamiento, consulta y consentimiento que permita la protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Esta deuda histórica no se podrá realizar si no se fortalece la débil institucionalidad indígena estatal, con la participación directa y efectiva de organizaciones representativas en diferentes niveles de gobierno, de manera que sirva de base y respaldo para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas latinoamericanos.
Es necesario que los Estados reconozcan que la actual crisis democrática no podrá ser superada sin la participación efectiva de los pueblos indígenas y que el futuro de los Estados depende de voltear su mirada a paradigmas como el Buen Vivir para enfrentar las diversas amenazas que no solo tiene América Latina, sino todo nuestro planeta.
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.
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