En la víspera de la movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno, Actúa.pe conversó con Carlos Mejía Alvites, sociólogo magíster en relaciones laborales y ex asesor de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
El gobierno ha publicado el 31 de diciembre un plan nacional de competitividad. ¿Cómo impacta este plan en el actual esquema de derechos laborales?
El impacto es negativo. En los últimos 30 años se han reducido los derechos laborales y se ha precarizado el empleo. Este Plan busca reducir aún más los derechos que mantienen los trabajadores. Para esto han inventado un discurso que supuestamente se basa en cifras pero que realmente es pura ideología. Quieren vender la idea que los trabajadores en el Perú tienen muchos derechos y amplia protección. Ellos creen que los derechos son “privilegios” y por lo tanto deben ser eliminados. Para que todos los trabajadores sean iguales en la miseria.
Recientemente el ministro de economía señaló que era necesario ajustar la regulación para despidos. Se refirió en particular a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre procesos de reposición de trabajadores como un mal antecedente. ¿Cómo debe interpretarse esta declaración?
Lo que no señala el Ministro es que existen más de treinta causas reales para despedir legalmente a un trabajador. No es que un pobre empresario debe mantener a un mal empleado. Eso es falso. Lo que ellos quieren es la más amplia libertad para despedir, sin razón ni causa. Ese tipo de despido está prohibido en todos los países democráticos. Por eso, en el Perú, si un trabajador o trabajadora es despedido por gusto, tiene derecho a recuperar el puesto de trabajo que le permite vivir. El objetivo del MEF [Ministerio de economía] y de la CONFIEP [Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas] es eliminar el derecho a la reposición cuando un trabajador o trabajadora han sido despedidos por gusto, sin razón ni causa. Eso es un abuso. La CONFIEP busca que el trámite de despido arbitrario sea sencillo, rápido y barato para el empresario. Pretenden hacernos creer que si el despido sin causa es así, van a contratar más trabajadores. Pero no hay evidencia que esto vaya a ocurrir. Lo más probable es que aumenten los despidos de trabajadores con estabilidad laboral y todos pasen a tener contratos temporales.
En el período de gobierno inaugurado por PPK y continuado por Vizcarra, hemos tenido 4 ministros de trabajo (Grados, Barrera, Sánchez, Cáceres). Además de la crisis de gobierno, ¿qué expresan estos recambios?
Para el Estado peruano los problemas de los trabajadores y trabajadoras tiene una importancia mínima. El Ministerio de Trabajo está reducido a su mínima expresión, con poco personal técnico y un presupuesto ridículo si lo comparas con todo el dinero que maneja el MEF por ejemplo. Desde el Estado no hay una política laboral coherente ni conforme al mandato constitucional que supone proteger derechos laborales y sindicales. Quien impone la política laboral es la CONFIEP que actualmente reúne a las grandes corporaciones. Por eso todos los ministros se limitan a reunirse con empresarios y trabajadores sin llegar a ningún acuerdo sustancial. Unos porque no quieren problemas con los sindicatos y otros porque no quieren problemas con los trabajadores. Ahora, la CONFIEP y el MEF creen que ha llegado el momento para su “reforma laboral”. Y están presionando por todos los medios para imponerla.
¿Cuál es la agenda de los trabajadores en relación a la legislación laboral y qué tan lejos están de las propuestas actuales del gobierno?
Los trabajadores organizados tienen claro que las relaciones laborales y el mercado de trabajo requiere de una política estatal activa y promotora. La precariedad laboral es el principal problema y para enfrentarla se requiere de un Ministerio de Trabajo más fuerte que brinde capacitación y fiscalización en todo el territorio nacional y a toda actividad económica. Es necesaria una reforma legal que ordene las normas laborales ya sea en un Código de Trabajo o una Ley General; la cual debe ser discutida ampliamente por los tres actores: trabajadores, empresarios y Estado.
Esta norma debe reducir las modalidades de contrato temporales a lo objetivamente necesario y fortalecer los contratos a plazo indeterminado; se debe promover la sindicalización y la negociación colectiva por rama de actividad, porque la economía laboral del país tiene una presencia mayoritaria de micro y pequeñas empresas. De esta manera, serían los propios actores quienes van a sincerar las remuneraciones. Se debe fortalecer la fiscalización laboral a través de SUNAFIL, así como dos temas fundamentales: una política de capacitación técnica juvenil y general, que sea sostenida por aportes del estado y de los empresarios; y fortalecer la norma de seguridad y salud en el trabajo especialmente en el tema del comité paritario. Finalmente, se debe repensar el Consejo Nacional de Trabajo, estableciendo procedimientos y competencias eficaces para que no sea un espacio de pérdida de tiempo. Todas estas propuestas han demostrado funcionar en economías muy parecidas a la nuestra y no significarán el apocalipsis que la CONFIEP señala.
En Argentina y Brasil, donde se eligieron gobiernos de derecha, se han puesto en marcha reformas laborales que recortan derechos a los trabajadores. ¿Se puede hablar de una corriente regional? ¿Cuál es la situación de Perú?
Efectivamente hay un peligroso viraje en materia laboral. El argumento de la corrupción o de la crisis se utiliza para sacar ventaja de los trabajadores. Hay una derecha conservadora y empresarial que viene moviendo sus fichas en toda la región y también en nuestro país. En el Perú, sin embargo, es más complicado reducir derechos o libertades sindicales… porque lamentablemente hay muy poco que reducir. Los sindicatos son menos del 10% y la negociación colectiva por empresa tiene un impacto menor en los salarios generales. El salario mínimo es bastante bajo y no existe fiscalización laboral real. La clase media accede a empleos básicamente precarios. A pesar de esto, la CONFIEP a través del MEF pretende convertir la precariedad real en una situación legal. De esta manera, los sindicatos y la lucha laboral perderían toda eficacia y posibilidad. Básicamente, lo que quieren es eso: eliminar a los sindicatos que quedan.
