Presidente Vizcarra y Primer ministro Villanueva se reunirán en mayo con comunidades nativas afectadas por derrames petroleros en cinco cuencas loretanas.
Una importante 2da reunión de coordinación tuvo lugar este 19 de abril entre el presidente del Consejo de Ministros César Villanueva, el asesor indígena y coordinador de las organizaciones de las 5 cuencas José Fachín, y dos dirigentes de las comunidades de las cinco cuencas loretanas. En la reunión, los líderes exigieron al gobierno actual el cumplimiento de los acuerdos de Saramurillo.
Durante la reunión, el primer ministro Villanueva declaró su disposición a atender las demandas de las comunidades y confirmó la reunión con todos los dirigentes, en mayo, e informó que la delegación del gobierno la encabezará el presidente de la república Martín Vizcarra.
Demandas concretas y expectativas
En el transcurso de la reunión con el primer ministro, que tomó varias horas y donde participó la viceministra de salud, y funcionarios varios, los dirigentes declararon que los gobiernos anteriores fueron muy discriminatorios con los pueblos amazónicos. Y que sus comunidades padecen por un desastre ambiental provocado intencionalmente por mano humana, y con afán de lucro. Ratificaron que en 48 años se violó de forma sistemática los derechos individuales y colectivos de las poblaciones afectadas por los derrames de petróleo, y exigieron solución pronta a todos estos gravísimos problemas.
Los dirigentes dejaron claro que la prioridad de prioridades es el agua. La tasa de mortalidad por envenenamiento a causa del consumo de agua envenenada es sumamente alto. Hay probadamente altas cantidades de cadmio y arsénico en las aguas de los ríos y en los organismos de las personas, Por ello, expresaron que se debe realizar, con urgencia, un estudio toxicólogo de las personas y de las aguas, en las cinco cuencas expuestas a envenenamiento desde hace 48 años.
Una ley especial
Los dirigentes solicitaron que se promulgue una ley especial para atender a los pueblos indígenas afectados por la actividad petrolera. “Se trata de desastre causado directamente por mano humana durante 48 años de actividad extractiva de petróleo, y con total impunidad”, expresaron. Dijeron asimismo que el desastre causado es similar al ocurrido en el norte del Perú y reclamaron un tratamiento similar. Calculan los asesores de los pueblos afectados por la actividad petrolera que se necesitan no menos de 5 mil millones de dólares para lograr la recuperación total de la zona. “Eso es menos que lo que ganaron las empresas que estuvieron explotando los pozos petroleros en la zona”, dijeron.
Expectativa
Hay mucha expectativa entre los pueblos indígenas por la próxima visita del gobierno a la zona petrolera. Pero esa misma expectativa significa que si las demandas no son atendidas a la medida de lo esperado, las movilizaciones de los pueblos afectados por los derrames petroleros van a reiniciarse.
Los 7 puntos
Asimismo, los dirigentes se ratificaron en los siete puntos esenciales de sus demandas, que son:
- Desarrollo de un estudio independiente del oleoducto norperuano
- La remediación integral del lote 192, 8 64 y los derrames del oleoducto norperuano
- La revisión de las obligaciones de PLUSPETROL Norte S.A.
- Dación de una ley de monitoreo ambiental comunal
- La compensación del estado a los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera
- Creación y puesta en marcha de una comisión de la verdad
- No a la criminalización de la protesta, porque es la única forma en que los pueblos son escuchados
Buenas intenciones y mala burocracia
Pero asimismo tomó nota el premier sobre la inacción de los funcionarios de los diversos sectores que no han cumplido hasta el momento sus obligaciones.
Esto quedó claro por la desinformación del primer ministro sobre la buena marcha de servicios de salud, que los dirigentes indígenas presentes testimoniaron que no funcionan, siendo que el señor Villanueva tenía informes de los funcionarios que decían que todo estaba en orden.
Igualmente, con respecto a las soluciones que son prioritarias para la atención del abastecimiento de agua. A pesar de la urgencia de este servicio para comunidades que literalmente mueren por el agua envenenada tras 48 años de derrame petrolero, los funcionarios plantean nuevos plazos tras el fracaso de licitaciones otorgadas a empresas que luego no pudieron cumplir con sus compromisos.
Seguirán las coordinaciones
A pesar de ello, las coordinaciones prosiguen, a la espera de soluciones a las que el gobierno está obligado por los Acuerdos de Saramurillo y el Acta de Nauta. Un punto clave es el financiamiento de lo ofrecido, que se debe obtener por decisión del Congreso de la República que deberá votar ampliación de presupuesto para este objetivo. Además, los dirigentes solicitaron que el Congreso de la República, el gobierno y la ciudadanía abran un debate serio respecto a la viabilidad y seguridad integral de la actividad petrolera en la Amazonia, y sobre la matriz energética del país.
